La responsabilidad penal de las personas jurídicas ya está aquí #ReformaCodigoPenal #Compliance

La responsabilidad penal de la persona jurídica

Con la entrada en vigor de la reforma del Código Penal por medio de la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, se contempla por primera vez la responsabilidad penal de la persona jurídica. Esta reforma va a suponer el esmero de los miembros del órgano de administración de las compañías de cara a no incurrir en responsabilidad penal frente a los terceros y a los propios socios.

La herramienta a emplear en aras de no incurrir en la aludida responsabilidad, además de la debida diligencia de un ordenado empresario siempre presente, girará en gran medida en torno a lo que se conoce en el mundo del derecho anglosajón como «compliance« o derecho del cumplimiento.

La reforma del código penal contempla incluso una circunstancia atenuante o eximente en términos de responsabilidad penal de los administradores cuando recoge que las empresas que dispongan de un protocolo de cumplimiento normativo podrán estar exentas de responsabilidad criminal. Serán por tanto los mapas de riesgos y de cumplimiento normativo de las empresas las primeras herramientas a incorporar por los administradores societarios a fin de evitar que llegado el caso hayan de hacer frente a dichas responsabilidades.

En todo caso la reforma no está exenta de un deficit de integración con la normativa ya en vigor. A modo de ejemplo en la reforma llama la atención cómo en el seguimiento del cumplimiento normativo, incluso un exceso de celo por parte de los administradores en su observancia, podría llegar a colisionar con preceptos y principios de la LOPD, habida cuenta de la necesidad de poner en evidencia y contravenir la normativa administrativa a fin de dar cumplimiento a la exigencia penal a la hora de revelar irregularidades e incumplimientos de los procesos internos de las compañías.

Estos y otros aspectos, con la entrada en vigor de la reforma de la LO 1/2015 de 30 de marzo, el 1 de julio de 2015 pondrán de relieve las incoherencias y faltas de esmero del legislador en un claro incumplimiento de la recomendable concreción descriptiva y terminológica de normas penales y tipos penales, y con ello de la deseable necesidad de seguridad jurídica.

 

Publicado por

Unai Mieza

Abogado. Consultoría legal y procesal en materia de derecho privado civil y mercantil-societario, penal económico y derecho de las nuevas tecnologías (TIC´s), en ámbito nacional e internacional.

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