Gestión de recobro de impagados, es necesario un protocolo

El control del riesgo de los impagados comienza por un previo análisis del riesgo financiero actualizado de nuestros clientes, y en su defecto, por la articulación de un protocolo de actuación ante los primeros indicios del impago.

Todos los operadores mercantiles están en mayor o menor medida familiarizados con los impagos de sus clientes, y de manera muy especial en los últimos tiempos de crisis económica en España, si bien según el Instituto Nacional de Estadística (INE) se aprecia una tendencia hacia la “normalización” dado que son ya treinta y cuatro meses de descenso en las morosidades comerciales gracias en parte al repunte de la actividad económica.

A grandes rasgos puede decirse que los impagos pueden responder bien a una disputa comercial por desavenencias en la prestación del servicio en concreto o en la entrega de las mercaderias o bien al hecho de haber topado con un profesional de la deuda habituado al impago.

La mejor de las opciones para minimizar el riesgo de impagos no cabe duda que consiste en una información previa sobre nuestro cliente, así como una adecuada instrumentación de los medios de cobro de los servicios, algo que habitualmente la inmediatez del tráfico mercantil y las politicas comerciales y marketing no nos pemite verificar.

Por lo tanto, si estamos abocados a lidiar con los morosos lo más recomendable es la implantación de un protocolo de actuación a prueba de estos profesionales de la deuda, al menos de cara a su rápida detección que impida una agravación y perjuicio de nuestro crédito, siempre con observancia de lo dispuesto por la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, modificada a su vez por Ley 15/2010, de 5 de Julio BOE-A-2010-10708.

El primer elemento a considerar cuando toca recobrar a nuestros deudores es el tiempo, dado que el deudor profesional tiene por costumbre dar largas a la reclamación que se le realiza, difiriendo sine die el cumplimiento de su obligación de pago, confiado en que su actitud acabará con la paciencia del acreedor, el cual acabará olvidándose de su crédito con tal de no incurrir en los gastos e incertidumbres de éxito que van asociados a la reclamación del impago.

El referido protocolo interno de cada operador mercantil debería preparar adecuadamente la judicialización de la reclamación, sobre la base de, como máximo, dos requerimientos extrajudiciales del importe adeudado, mediando un plazo razonable de diez días entre sí, con el consiguiente incremento de la deuda en relaciones comerciales de los intereses moratorios recogidos por el artículo 5 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Con un adecuado tratamiento del impago y de las morosidades, minimizaremos el deterioro de nuestro crédito, y por ende del resultado contable, en especial con el deudor profesional, a fin de no ofrecer a éste margen de reacción y procurando su incomodidad, forzando así la negociación de la deuda, mediante un pago único con quita parcial, o bien en virtud de un plan de pagos recogido en documento público, que en caso de incumplimiento comporte la ejecución judicial del mismo.

Por ultimo en el planteamiento de la cuestión que nos ocupa es preciso hacer referencia al hecho de que la internacionalización de la economía está habilitando la armonización y creación de instrumentos legislativos cada día más homogéneos y proclives tanto en orden a la adopción de las medidas de recobro judicial como de responsabilidad individual, en el ámbito nacional e internacional, partiendo del convencimiento del legislador comunitario de que el tratamiento de las morosidades comerciales, es una de las piezas clave para el saneamiento de la economía real y de la financiación ordenada de las empresas via evitación del retraso en el cobro de los bienes y servicios prestados en el ejercicio de su actividad.