La responsabilidad penal de las personas jurídicas ya está aquí #ReformaCodigoPenal #Compliance

La responsabilidad penal de la persona jurídica

Con la entrada en vigor de la reforma del Código Penal por medio de la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, se contempla por primera vez la responsabilidad penal de la persona jurídica. Esta reforma va a suponer el esmero de los miembros del órgano de administración de las compañías de cara a no incurrir en responsabilidad penal frente a los terceros y a los propios socios.

La herramienta a emplear en aras de no incurrir en la aludida responsabilidad, además de la debida diligencia de un ordenado empresario siempre presente, girará en gran medida en torno a lo que se conoce en el mundo del derecho anglosajón como «compliance« o derecho del cumplimiento.

La reforma del código penal contempla incluso una circunstancia atenuante o eximente en términos de responsabilidad penal de los administradores cuando recoge que las empresas que dispongan de un protocolo de cumplimiento normativo podrán estar exentas de responsabilidad criminal. Serán por tanto los mapas de riesgos y de cumplimiento normativo de las empresas las primeras herramientas a incorporar por los administradores societarios a fin de evitar que llegado el caso hayan de hacer frente a dichas responsabilidades.

En todo caso la reforma no está exenta de un deficit de integración con la normativa ya en vigor. A modo de ejemplo en la reforma llama la atención cómo en el seguimiento del cumplimiento normativo, incluso un exceso de celo por parte de los administradores en su observancia, podría llegar a colisionar con preceptos y principios de la LOPD, habida cuenta de la necesidad de poner en evidencia y contravenir la normativa administrativa a fin de dar cumplimiento a la exigencia penal a la hora de revelar irregularidades e incumplimientos de los procesos internos de las compañías.

Estos y otros aspectos, con la entrada en vigor de la reforma de la LO 1/2015 de 30 de marzo, el 1 de julio de 2015 pondrán de relieve las incoherencias y faltas de esmero del legislador en un claro incumplimiento de la recomendable concreción descriptiva y terminológica de normas penales y tipos penales, y con ello de la deseable necesidad de seguridad jurídica.

 

Gestión de recobro de impagados, es necesario un protocolo

El control del riesgo de los impagados comienza por un previo análisis del riesgo financiero actualizado de nuestros clientes, y en su defecto, por la articulación de un protocolo de actuación ante los primeros indicios del impago.

Todos los operadores mercantiles están en mayor o menor medida familiarizados con los impagos de sus clientes, y de manera muy especial en los últimos tiempos de crisis económica en España, si bien según el Instituto Nacional de Estadística (INE) se aprecia una tendencia hacia la “normalización” dado que son ya treinta y cuatro meses de descenso en las morosidades comerciales gracias en parte al repunte de la actividad económica.

A grandes rasgos puede decirse que los impagos pueden responder bien a una disputa comercial por desavenencias en la prestación del servicio en concreto o en la entrega de las mercaderias o bien al hecho de haber topado con un profesional de la deuda habituado al impago.

La mejor de las opciones para minimizar el riesgo de impagos no cabe duda que consiste en una información previa sobre nuestro cliente, así como una adecuada instrumentación de los medios de cobro de los servicios, algo que habitualmente la inmediatez del tráfico mercantil y las politicas comerciales y marketing no nos pemite verificar.

Por lo tanto, si estamos abocados a lidiar con los morosos lo más recomendable es la implantación de un protocolo de actuación a prueba de estos profesionales de la deuda, al menos de cara a su rápida detección que impida una agravación y perjuicio de nuestro crédito, siempre con observancia de lo dispuesto por la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, modificada a su vez por Ley 15/2010, de 5 de Julio BOE-A-2010-10708.

El primer elemento a considerar cuando toca recobrar a nuestros deudores es el tiempo, dado que el deudor profesional tiene por costumbre dar largas a la reclamación que se le realiza, difiriendo sine die el cumplimiento de su obligación de pago, confiado en que su actitud acabará con la paciencia del acreedor, el cual acabará olvidándose de su crédito con tal de no incurrir en los gastos e incertidumbres de éxito que van asociados a la reclamación del impago.

El referido protocolo interno de cada operador mercantil debería preparar adecuadamente la judicialización de la reclamación, sobre la base de, como máximo, dos requerimientos extrajudiciales del importe adeudado, mediando un plazo razonable de diez días entre sí, con el consiguiente incremento de la deuda en relaciones comerciales de los intereses moratorios recogidos por el artículo 5 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Con un adecuado tratamiento del impago y de las morosidades, minimizaremos el deterioro de nuestro crédito, y por ende del resultado contable, en especial con el deudor profesional, a fin de no ofrecer a éste margen de reacción y procurando su incomodidad, forzando así la negociación de la deuda, mediante un pago único con quita parcial, o bien en virtud de un plan de pagos recogido en documento público, que en caso de incumplimiento comporte la ejecución judicial del mismo.

Por ultimo en el planteamiento de la cuestión que nos ocupa es preciso hacer referencia al hecho de que la internacionalización de la economía está habilitando la armonización y creación de instrumentos legislativos cada día más homogéneos y proclives tanto en orden a la adopción de las medidas de recobro judicial como de responsabilidad individual, en el ámbito nacional e internacional, partiendo del convencimiento del legislador comunitario de que el tratamiento de las morosidades comerciales, es una de las piezas clave para el saneamiento de la economía real y de la financiación ordenada de las empresas via evitación del retraso en el cobro de los bienes y servicios prestados en el ejercicio de su actividad.